La primera condena fue dictada en 2022, cuando el Poder Judicial consideró que Vera no pudo justificar adecuadamente el origen del dinero utilizado para adquirir un inmueble valorizado en S/ 86.976, realizar un depósito bancario de S/ 100.000 y comprar un vehículo valorizado en cerca de US$ 14.000. Durante el proceso, el entonces alcalde sostuvo que parte de sus ingresos provenían de la crianza y venta de patos pekineses, además de sus ahorros y de sus trabajos anteriores.

La sentencia fue confirmada en segunda instancia en mayo de 2023. Vera debía cumplir ocho años de prisión efectiva y quedó como no habido, permaneciendo fuera del alcance de las autoridades durante más de un año. Sin embargo, en julio de 2024 la Corte Suprema declaró fundada su casación y lo absolvió del delito de lavado de activos. La decisión no significó que desaparecieran las cuestionamientos sobre el origen de su patrimonio: el máximo tribunal determinó que parte de los hechos debía ser analizada en otro proceso, esta vez por presunto enriquecimiento ilícito.

Ese segundo proceso volvió a poner bajo la lupa el mismo desbalance patrimonial. La Fiscalía sostiene que durante el ejercicio de sus funciones como alcalde, entre 2009 y 2012, Vera habría registrado un incremento patrimonial injustificado de entre S/ 100.000 y S/ 128.000. En enero de 2025, un juzgado lo condenó a cinco años por enriquecimiento ilícito, además de imponerle una reparación civil; no obstante, esa sentencia posteriormente fue anulada y se ordenó realizar un nuevo juicio.

Así, aunque Vera fue absuelto del proceso por lavado de activos, su situación judicial no quedó completamente cerrada. El nuevo juicio por presunto enriquecimiento ilícito mantiene bajo escrutinio las operaciones patrimoniales que originaron el caso y vuelve a poner en debate cómo se explica el incremento de sus bienes mientras ejercía el cargo público. A ello se suma que en 2026 el Jurado Electoral Especial de Arequipa inició otro procedimiento en su contra por una presunta vulneración de la neutralidad electoral, tras su participación en actividades proselitistas mientras continuaba ejerciendo como alcalde.